Resultado del proyecto:
- Informe año 2020 Derechos digitales
- Informe año 2021 Marco y ética digital
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IDEA
El entorno digital da lugar a la aparición de nuevos problemas motivados por el uso de tecnologías que no existían en el momento de publicación de los textos legales vigentes y a los que, por tanto, el Ordenamiento jurídico se debe enfrentar. Resulta imprescindible para progresar en la sociedad del conocimiento disponer de normas jurídicas idóneas para atender a la nueva realidad económico- social.
Máxime, teniendo en cuenta que resulta una prioridad la construcción de un Mercado Único Digital, en el que esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales y en el que ciudadanos y empresas tengan un acceso en línea ininterrumpido y equitativo a bienes y servicios, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia. Como ha señalado la propia Comisión Europea el mercado único digital podría aportar 415.000 millones de euros al año a la economía europea, fomentando el empleo, el crecimiento, la competencia, la inversión y la innovación. Puede ampliar mercados, ofrecer servicios mejores y más rentables, transformar los servicios públicos y crear nuevos puestos de trabajo. Asimismo, puede crear oportunidades para nuevas empresas emergentes y permitir a las empresas existentes crecer e innovar en un mercado de más de 500 millones de personas, amén de ayudar a Europa a mantener su posición como líder mundial en la economía digital. Pero para ello, debe contarse con un marco jurídico que propicie su desarrollo y cuyo desarrollo se convierte, por tanto, en una necesidad insoslayable.
En este proyecto se aborda esa problemática en relación con la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la protección de sus derechos en un entorno digital; y, en relación con la actuación de las empresas y su repercusión sobre los consumidores, dada la aparición de nuevos productos, nuevos servicios, y nuevos tipos de empresas al albur de la denominada cuarta revolución industrial (4IR).
Se trata de avanzar en la construcción de un Derecho Digital, integrado tanto por aquellas normas que ex novo regulan aspectos que no tienen cabida en las disciplinas tradicionales y que cuenta con su propia regulación, lenguaje y elementos tecnológicos-; como, por aquellas otras que suponen una adaptación de esas disciplinas para dar respuesta a los nuevos retos que plantea el entorno digital.
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