En octubre de 2015 se aprobaron dos normas que suponen un cambio de paradigma en la prestación de los servicios públicos y en el funcionamiento de las administraciones públicas Españolas (AAPP). Las Leyes 39 (procedimiento administrativo común) y 40 (de régimen jurídico del Sector Público) de 2015 sentaban las bases para su funcionamiento digital. A pesar de que estas normativas debían haber entrado en vigor en su totalidad a finales de 2018, se aprobó una moratoria hasta 2020. Los cambios que introducen estas dos normativas suponen un impulso a la digitalización de la administración española no exento de un esfuerzo sin precedentes. Por ello, desde EY han analizado 90 administraciones públicas para conocer el grado de cumplimiento de estas dos normativas desde la percepción de un usuario que necesita realizar un trámite online. El informe La Administración Digital en España brinda la oportunidad de ayudar a las administraciones públicas a identificar su nivel de madurez relacionado con la administración digital, el nivel de cumplimiento de la legislación vigente, así como las mejoras que deberán llevar a cabo con el fin de ofrecer al ciudadano una mejor experiencia en su relación con ellas.

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